Los consumidores canarios pueden ahorrarse hasta un 20% de la factura de la luz si reducen la potencia eléctrica contratada. El nuevo incremento del recibo afecta al 68% de los abonados en Canarias, un total de 863.624 familias que tienen la llamada tarifa de último recurso (TUR) y que consumen el 34% de la energía total que se produce en las Islas. Es este segmento de la población el que puede acogerse a la aminoración de la potencia como alternativa para ahorrarse la subida, de tal manera que en un recibo estándar de 80 euros la rebaja sería de unos siete euros.

La Consejería de Industria del Gobierno canario busca fórmulas para que la repercusión de la subida del precio de la luz no sea tan gravosa para las familias canarias. Por ello, el departamento que dirige Francisca Luengo y el principal operador del mercado eléctrico canario, la compañía Endesa, han estrechado los niveles de colaboración para facilitar y asesorar a los ciudadanos que busquen abaratar el precio de la factura mediante la reducción de la potencia contratada.

La consejera de Industria aseguró ayer que la potencia, que es la parte fija del suministro eléctrico, se ha incrementado un 172% desde que el Ministerio de Industria y Energía aprobó la reforma del sector eléctrico. Por ello la caída del consumo y las medidas de ahorro de los usuarios han servido para poco, según Luengo. Es precisamente en la parte regulada donde el departamento autonómico quiere la colaboración de las operadoras para que los ciudadanos se puedan acoger a este tipo de medidas de ahorro.

La potencia habitual de los hogares es de 5,75 kilowatios, que pagan una media de entre 35 y 40 euros mensuales de luz. Reducir la potencia a 4,6 kilowatios, que es el escalón inferior, supondría pagar unos 30 euros mensuales. No obstante, la titular de Industria y Energía del Gobierno regional también puntualizó que una bajada del tramo puede traducirse en un límite en el consumo, es decir, que “los usuarios deben realizar un esfuerzo”, según Luengo, de tal manera que no se utilicen varios aparatos y electrodomésticos de manera simultánea. Un hogar estándar formado por una familia con dos hijos no debería tener problemas para reducir un punto la potencia en condiciones normales, aseguró.

Francisca Luengo dijo que esta campaña es una de las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma para que el impacto del nuevo incremento de la tarifa eléctrica se amortigüe en las Islas. La consejera admitió que los ciudadanos ya podían solicitar el cambio de potencia con anterioridad, pero a partir de ahora se dan todas las facilidades posibles a los usuarios con menos trámites y sin coste alguno para los clientes, sobre todo a la hora de cambiar de boletín. En los próximos días la Consejería remitirá a Endesa una serie de recomendaciones e instrucciones. Luengo incluso se refirió a posibles sanciones a la compañía si no agiliza las peticiones de bajada de potencia de las familias canarias.

Críticas
La consejera arremetió contra la gestión del ministro José Manuel Soria y la política del Gobierno central en el sistema eléctrico. “No nos podemos acostumbrar a las cifras astronómicas en el recibo de la luz”, advirtió Luengo, “ni tampoco deber servirnos de consuelo que en un principio estuviese prevista un aumento mayor”. En su opinión, “la situación se le ha ido de las manos a Rajoy”.

Por su parte, la directora general de Industria y Energía, María Antonia Moreno, alertó que la reforma energética “no ha hecho más que empezar” y vaticinó próximos incrementos del recibo de la luz como consecuencia de las deficiencias y el déficit que arrastra el sistema. “El Ministerio ya ha dicho que habrá nuevas subidas por lo que es necesaria una reordenación en serio y definitiva del sector energético”, aseguró la directora general.

Según los datos facilitados por Moreno, las posibles subidas que habrá en los próximos meses afectarán básicamente a los suministros domésticos, que suponen el 68% de los abonados en Canarias, que son un total de 1,2 millones. Esta situación no afectará tanto a las empresas e industrias. La tarifa de último recurso, ahora denominado “precio voluntario para pequeños consumidores”, está regulada directamente por el Gobierno estatal, que la fija en todo el territorio nacional.

En Canarias el 9,97% de los abonados (126.624) están acogidos al bono social (con menos de tres kilowatios de potencia) y el 22% (280.304) se encuentran en el mercado libre y no les afecta las subastas que deciden las subidas.

fuente:http://www.laopinion.es/economia/2014/01/03/canarios-evitar-subida-luz-bajan/518374.html